Jaque al monopolio

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A diferencia de la LFSCA de hace una década, percibida entonces como un tema de interés estrictamente sectorial, el decreto que regula las telecomunicaciones concita un masivo apoyo popular. Su judicialización expondría ante “la gente” el papel de ese poder del Estado. 

La víscera más sensible

El reciente decreto 690/2020 que regula los servicios de telecomunicaciones y convierte sus precios en tarifas, tuvo entre otros el beneficio de la sorpresa. En este aspecto, el gobierno parece haber asimilado la lección de Vicentín: al poder no se le avisa.

Probablemente este decreto sea, para “el grupo”, un golpe tanto o más duro que el de la fallida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ocurre que este afecta el bolsillo, la víscera más sensible. 

Hace años que Clarín no se define como un multimedios sino como un grupo de telecomunicaciones. La explicación es simple: la rentabilidad está en los servicios, los cables, las antenas y las conexiones, no en los medios periodísticos. Los medios periodísticos construyen poder político, que sirve para proteger esos negocios, como patovicas en la puerta de un boliche.

La medida no podía ser más oportuna. La maliciosamente denominada “cuarentena más larga del mundo” vino a exponer, entre otras cosas, que la conectividad ya no es entretenimiento ni, mucho menos, lujo. Sin ella no estudian nuestros hijos, no trabajamos, no podríamos ni completar los trámites con la obra social ni hacer las compras. El contraejemplo son los seis mil niños porteños cuya vuelta a la escuela se discute por estos días, debido a que el gobierno local no hizo la inversión correspondiente en computadoras, routers y antenas. Su esencialidad para la vida cotidiana está fuera de discusión. 

Esta esencialidad, visible, palpable, incuestionable, se traduce en un amplio apoyo popular a la medida: alrededor del 80%, mucho más de lo que los Fernández obtuvieron en las elecciones del año pasado. Es lógico pensar que el apoyo adicional proviene mayoritariamente de “Corea del centro”, ese eufemismo para caracterizar a los sujetos despolitizados, incómodos con la polarización, generalmente distantes ante cuestiones de fondo como la transparencia institucional -reforma judicial- o la matriz productiva -Vicentín-. De la misma manera, no sería del todo sorprendente una marcha del ala psiquiátrica de la oposición que reivindique el derecho a pagar de más. 

El primer m2

¿Qué cambió ahora? El horizonte de temas, preocupaciones y expectativas de estos mal llamados independientes está especialmente dominado por lo que los analistas llaman “el primer metro cuadrado”: mi casa, mi familia, mi trabajo. A diferencia de los más politizados que, sin desentenderse de sus cuestiones personales, incorporan a sus análisis dimensiones generales, colectivas y abstracciones de distinto grado. 

En este aspecto, el decreto 690 es una respuesta contundente a la pregunta preferida del cualunquismo, “¿cómo le resuelve esto los problemas a la gente?”

La medida es contemporánea del proyecto de reforma judicial que tiene ya media sanción del senado. Esta última podría presentarse, ante los ojos de esa franja de la población, como un contraejemplo perfecto: se percibe como algo abstracto, complejo  y difícil de entender, de escasa o nula repercusión en la vida cotidiana. Un asunto “de los políticos”. 

De hecho, el proyecto cosechó los apoyos y críticas esperables. Entre los primeros, destacamos el de distintas agrupaciones de abogados peronistas, como “Nace un derecho” y “Nomeolvides”. Sin embargo, en estos mismos sectores hay malestar por colegas y compañeros que apoyan en privado, pero en público mantienen un ruidoso silencioso.

La mención del tema judicial no es casual ni caprichosa. ¿Utilizará Clarín su influencia judicial para obtener una medida cautelar contra el decreto o dificultar su aplicación de alguna otra manera? De hacerlo, se arriesgaría a incorporar el problema judicial al radar de una extensa franja de la población que hasta ahora no lo considera un problema propio. 

Los que esperan con ansiedad que la factura mensual deje de aumentar no están preocupados por las arbitrariedades judiciales… por ahora. Pero un contraataque judicial expondría, a la inversa de lo que preocupaba a Mike Corleone en la tercera y última parte de El Padrino, la identidad de su verdadero enemigo. Un desplazamiento desde la política hacia la justicia. Un jaque efectivo requiere del ataque simultáneo de al menos dos piezas. 

Buenos fundamentos legales y técnicos

El decreto es, además, jurídicamente sólido, según Osvaldo Bassano, abogado especializado en derecho del consumidor, dirigente de la asociación civil ADUC y asiduo concurrente  a distintos medios. “En el plano internacional, hay al menos dos documentos de Naciones Unidas, uno de 2015 y otro de 2019,  que recomiendan este tipo de regulación, que además es similar a la de EEUU, Francia y Países Bajos, entre otros. 

Bassano cree que el contexto es un elemento importante a considerar. “Además, es un decreto de emergencia, porque los usuarios estaban recibiendo facturas con aumentos, que no habían sido previamente informados, primer incumplimiento. Luego, siempre en derecho del consumidor se habla de tarifas y aumentos razonables. La razonabilidad es una relación respecto del costo. Mientras sigan ocultando su estructura de costos, no podemos hablar de razonabilidad”.

“Entre 2017 y 2018, las empresas de telecomunicaciones fugaron del país 4000 millones de dólares. La contracara de esta fuga es la precaria red que tenemos, con extensas zonas negras o carentes de conexión en todo el país porque no han hecho una sola inversión. Su posición dominante las convierte en empresas financieras”.

¿Y ahora?

Cómo el escorpión de la fábula, el grupo desoyó los guiños amistosos -demasiado, para buena parte de la coalición que integra- del Presidente. La movida presidencial sorprendió, como suele sorprender la reacción de los mansos y pacifistas. No es el primer error de análisis en el que incurren los de calle Tacuarí. ¿Seguirá el periodismo de guerra o volverá cierta racionalidad?

En todo caso, vendría bien recordar al menos dos de los cuatro acuerdos toltecas. Uno, ser impecable con las palabras. Dos, no tomar nada de manera personal.

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